PROCLAMA DEL MOVIMIENTO DE RECUPERACIÓN NACIONAL
Las horas dolorosas que vive la República, y el clamor
angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han
decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de la
libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes.
Como responsables de
este Movimiento de Recuperación Nacional, integrado por las Fuerzas Armadas y
por la inmensa mayoría del pueblo —del que provienen y al que sirven—
declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la
soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a
la Nación del caos y la anarquía a que ha sido llevada por una minoría
despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder.
Conscientes de
nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra decisión es
el único camino que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República en
una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevitable e
inminente.
Deploramos que
precisamente desde el gobierno se haya cerrado sistemáticamente toda
posibilidad de pacificar la República y alcanzar la armonía entre los argentinos,
en contraposición con el sentido de responsabilidad, la tolerancia y la
paciencia patriótica del pueblo.
La Nación entera, y
con ella la tranquilidad, el bienestar y la dignidad de los argentinos han
caído en manos de hombres y de fuerzas que aceleradamente retrotraen a la
patria a épocas de sometimiento, de humillación y de vergüenza.
Su acción nefasta ha
desquiciado y lesionado profundamente el orden político, económico y social de
la República.
Este Movimiento de
Recuperación Nacional, se lanza a la acción revolucionaria con objetivos claros
y un programa concreto para restablecer la soberanía y la justicia social y
devolver al pueblo el pleno goce de su libertad y sus derechos.
Declara objetivos
fundamentales de su acción:
En lo político
Han violado y
desconocido el imperio de la Constitución y de las leyes, sustituyéndolo por un
llamado “derecho de la Revolución”, que no es otra cosa que el entronizamiento
de la arbitrariedad, sin más normas ni vallas que la omnímoda voluntad de los
que detentan el poder.
Se han avasallado así
las garantías y derechos individuales, sustituyéndose a instituciones y
personas de la jurisdicción de sus jueces naturales, sometiéndolos a tribunales
y comisiones especiales expresamente prohibidas por la Constitución.
Se ha perseguido,
encarcelado y confinado en verdaderos campos de concentración a miles de
argentinos no sometidos a proceso y privados del derecho a la defensa, por
razones ideológicas o políticas.
Por idénticas razones
se ha privado a miles de argentinos de derechos esenciales, como el acceso a
los empleos públicos y la participación activa en la vida cívica de la Nación,
sin que tan graves penas provengan de la decisión de la justicia y ni siquiera
del juzgamiento de la conducta de los inculpados.
Como consecuencia de
esta arbitrariedad discriminatoria, que divide a los argentinos en réprobos y
elegidos, se ha privado de sus empleos a miles de ciudadanos, sin tenerse en
cuenta ni su antigüedad, ni su idoneidad, ni su conducta.
Se ha excluido de la
vida cívica del país a la fuerza mayoritaria con el pretexto de inmoralidades y
desviaciones en la conducta de algunos sus dirigentes; verdadera aberración
jurídica y moral que podría llevar a la exclusión de todos los partidos, desde que
todos padecen o padecieron en algún momento de males similares.
Se ha fomentado y
organizado desde el gobierno la delación y el espionaje contra personas e
instituciones, inclusive contra las Fuerzas Armadas.
Se ha impedido la
libertad de prensa, uniformada al servicio del gobierno, interviniendo y
entregando arbitrariamente los diarios y revistas a sectores políticos
minoritarios adictos al mismo, clausurando los desafectos e impidiéndose la
aparición de nuevos órganos de opinión independiente.
Todo ello unido a la
monstruosidad totalitaria de un decreto-ley que bajo penas gravísimas prohíbe a
los ciudadanos hasta el uso o empleo individual de palabras, fechas, símbolos,
fotografías, nombres y expresiones que se proscriben, configuran los hechos más
salientes de un plan siniestro, destinado a ahogar la libre expresión de la
ciudadanía, y entronizar en el poder a minorías antinacionales que en su hora
enajenaron el patrimonio del país y traficaron con el hambre y el dolor de los
trabajadores argentinos.
Este desborde de la
arbitrariedad ha culminado con la abolición de la Constitución Nacional
vigente, sancionada por una Convención Reformadora libremente elegida por el
pueblo, con la participación de los mismos sectores políticos que apoyan a la tiranía,
Constitución que juraron acatar y defender los mismos que hoy la vulneran y
suprimen a espaldas del Pueblo y al margen de su libre voluntad soberana, con
el evidente propósito inconfesable de abolir disposiciones como las del
artículo 40, que impiden la entrega al capitalismo internacional de los
servicios públicos y las riquezas naturales del país, juntamente con otras
también fundamentales como las que sancionan los derechos del trabajador y las
que estatuyen la función social de la economía y la riqueza.
Por un acto
arbitrario y despótico se reimplanta una Carta Fundamental ya superada por la
realidad política, económica y social de la República, al amparo de cuya
imprevisión y laxitud fue posible en otras épocas la entrega del país a las
fuerzas internacionales del capitalismo y el sometimiento, el hambre y la
humillación de nuestro pueblo.
Y para hacer más
evidente la burla a la ciudadanía y la prepotencia de la arbitrariedad, ni
siquiera se la reimplanta en todo su vigor como norma de convivencia o valla
del poder, sino “en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la
Revolución”, vale decir, en cuanto no se oponga a la voluntad omnímoda e
Incontrolada del gobierno. Jamás, en toda la historia, gobierno alguno ha
tenido el descaro de hacer semejante profesión de tiranía y despotismo.
En lo económico
Se han tomado medidas
tendientes a quebrantar la industria nacional, depreciar la moneda, crear el
desaliento en la inversión de capitales útiles, elevar los precios acentuando
el desequilibrio entre éstos y los salarios, provocar sectores importantes de
desocupación, que llevarán por hambre a los obreros a someterse a la voluntad
del capitalismo.
Todo ello unido al
desprestigio internacional de nuestra economía por el propio gobierno, a la acelerada
contratación de empréstitos extranjeros y a la adopción de determinados
compromisos anteriores, constituyen etapas de un plan destinado a retrotraer al
país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional
de los resortes fundamentales de su economía.
En lo social
Se han desconocido
legítimas conquistas de los trabajadores, se ha destruido la organización
sindical —base indispensable de la paz social y del progreso del país—,
mediante la intervención a la Central Obrera y a todos los sindicatos.
Se ha perseguido,
encarcelado y confinado a miles de trabajadores, y se los ha privado
arbitrariamente del derecho elemental de intervenir activamente en la vida de
las organizaciones a que pertenecen.
En síntesis, desde el
propio gobierno se ha realizado una acción sistemática tendiente a destruir la
organización sindical y anarquizar a los trabajadores, acción que persigue la
finalidad inconfesable de debilitar el frente social para posibilitar el camino
del sometimiento del pueblo, y con él, del sometimiento de toda la Nación.
En las Fuerzas Armadas
Se ha tratado en toda
forma de minar su unidad y su armonía y se han desquiciado sus cuadros con la
baja o retiro obligatorio de centenares de jefes, oficiales y suboficiales que
honraban a la institución por sus virtudes morales y su capacidad profesional.
Al mismo tiempo se ha
obligado a muchos oficiales al desempeño de funciones civiles incompatibles con
su estado militar, creándose hacia la institución un lógico resentimiento y
desconfianza del pueblo, difícil de superar, y que es la semilla más criminal
que podía haberse sembrado para dividir y anarquizar a la Nación.
Esto es, en lo
fundamental, el panorama trágico de las horas difíciles que vive la República.
La proliferación de conflictos sindicales, los actos diarios de sabotaje en
todo el territorio del país y el continuo descubrimiento en toda la República
de planes subversivos o actos de insurrección, denunciados por el propio
gobierno, no son (como él pretende, para encubrir su responsabilidad y engañar
a la opinión) fruto de la acción aislada de personas perturbadoras, sino
síntoma del clima de opresión y subversión en que vive la República y expresión
evidente del espíritu indomable y de la decisión del pueblo de reconquistar su
libertad.
Tan grave estado de
cosas impulsa nuestra determinación y nos decide a recoger el clamor unánime
del pueblo, antes de que la República desemboque en una lucha fratricida que
terminará por destrozarla.
El programa del Movimiento de Recuperación Nacional
I - En lo político
·Restablecer el
Estado de derecho mediante la vigencia plena de la Constitución Nacional y el
imperio de la justicia en un ambiente de real libertad y pura democracia.
·Consolidar la
soberanía popular mediante la realización de elecciones generales en todo el
país en un plazo no mayor de 180 días, con plenas garantías para todos los
partidos políticos en el proceso electoral y preelectoral, incluida la
utilización con iguales derechos de todos los medios de expresión y difusión.
·Prescindencia
absoluta del gobierno en materia electoral y fiscalización de los comicios por
las Fuerzas Armadas.
·Libertad efectiva y
absoluta de prensa para todos los sectores de la opinión.
·Amnistía general y
derogación de todos los decretos y medidas discriminatorias dictados por
razones ideológicas o políticas.
·Libertad de todos
los presos políticos y sometimiento a la justicia competente de los que
hubiesen cometido delitos comunes.
·Reincorporación de
los empleados y obreros eliminados arbitrariamente por razones ideológicas o
políticas.
·Levantamiento de las
interdicciones a personas y empresas e intervención de la justicia en los casos
de violación de las leyes en vigor.
·Rehabilitación de
los partidos políticos privados de personería v plena libertad para la
formación de nuevas fuerzas, dentro de las normas establecidas por la
legislación vigente.
II - En lo económico
·Revisión de las
medidas de carácter económico y financiero que pudieran lesionar los intereses
nacionales.
·Revisión de las
medidas económicas y financieras que afectan seriamente el desarrollo de las
actividades productivas.
·Restablecimiento de
la plena ocupación y adopción de medidas para contener el alza del costo de la
vida.
III - En lo social
·Devolución del
gobierno de los sindicatos a los trabajadores y elección por los mismos de las
autoridades de la Central Obrera en un plazo de 45 días.
·Libertad inmediata a
todos los dirigentes y obreros detenidos por razones políticas o gremiales.
·Renovación de los
convenios de trabajo, de común acuerdo entre los trabajadores y empresarios,
mediante los procedimientos determinados por la legislación vigente al 20 de
setiembre de 1955.
·Derogación de los
decretos y medidas discriminatorias que impiden a miles de obreros su
participación en la vida de los organismos gremiales.
IV - En las Fuerzas Armadas
·Reestructuración de
las mismas con vistas a las necesidades de la defensa nacional.
·Reincorporación de
jefes, oficiales y suboficiales que poseyendo valores profesionales y morales
hayan sido dados de baja o retirados por razones políticas o ideológicas.
·Mantenimiento de los
actuales cuadros con la única excepción que determinen los tribunales y
organismos competentes que establece la ley.
V - En el orden internacional
·Respeto y
cumplimiento de todos los convenios, pactos y compromiso internacionales
concertados por el país dentro de las normas constitucionales y legales.
·Suspensión de la
ejecución de aquellos compromisos contraídos en violación de tales normas, a
fin de que oportunamente sean considerados por las autoridades legalmente
constituidas por los órganos y procedimientos que estatuye la Constitución
Nacional.
Sosteniendo tales principios y comprometiendo ante el pueblo
de la República el fiel y estricto cumplimiento de los objetivos señalados, el
Movimiento de Recuperación Nacional toma las armas, en defensa de la patria,
decidido a pacificar la nación por el camino de la verdadera libertad, en el respeto
de la Constitución y la Ley.
No hacemos cuestión de banderías porque luchamos por la
patria que es de todos. No nos mueve el interés de ningún hombre ni de ningún
partido.
Por ello, sin odios
ni rencores, sin deseos de venganza ni discriminaciones entre hermanos,
llamamos a la lucha a todos los argentinos que con limpieza de conducta y
pureza de intenciones, por encima de las diferencias circunstanciales de grupos
o partidos, quieren y defienden lo que no puede dejar de querer y defender un
argentino: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, en una nación
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
¡Viva la patria!
Buenos Aires, 9 de
junio de 1956
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